El Estado siempre ha tenido un papel importante en la economía, pero este ha cambiado con el tiempo. Hoy en día las políticas económicas en los estados liberales varían entre los partidarios de que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y los partidarios de que el Estado intervenga más para corregir las desigualdades y los errores de mercado.
Hasta la crisis del 29 predominó el liberalismo clásico, que defiende la menor intervención posible del Estado en la economía de mercado. A partir de la crisis del 29 la mayoría de los estados liberales buscaron un compromiso entre el liberalismo y la intervención estatal en la economía.
Entre las principales razones por las que el Estado interviene en la economía destacan el establecimiento del marco legal, la producción de bienes y servicios públicos y la realización de políticas redistributivas.
Desde la crisis del petróleo de 1973 ha tomado fuerza un retorno a los principios del liberalismo puro, que defiende una reducción de la intervención estatal. Sus principales defensores son la escuela económica monetarista y el movimiento político comúnmente conocido como neoliberalismo.
Ahora bien, los regímenes comunistas y los regímenes fascistas dan más poder al Estado sobre la economía que los regímenes liberales
Para realizar su labor el Estado necesita determinar sus ingresos y sus gastos. Eso se hace mediante los presupuestos, que son documentos legales y públicos en los que se recogen las estimaciones de ingresos y los planes de gastos que el sector público (sector público estatal, comunidades autónomas y entidades locales) tiene previsto realizar durante el siguiente año.
Los principales ingresos del Estado son:
- las cotizaciones sociales, que son las cuotas que los trabajadores y los empresarios pagan para mantener la Seguridad Social y otras mutualidades.
- los tributos, entre los que destacan los impuestos:
- Impuestos directos, que son los que recaen directamente sobre las personas y sobre las empresas.
- Impuestos indirectos, que son los que recaen sobre determinados actos de naturaleza económica, como el consumo o la transmisión de bienes y servicios.
Hay tres impuestos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), recae sobre la renta de los contribuyentes; el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que recae sobre el consumo de bienes y servicios; y el Impuesto sobre Sociedades, que recae sobre los beneficios de las empresas.
Entre los principales destinos del gasto público (conjunto de gastos que realiza el gobierno central) podemos destacar el gasto social, dentro del cual destaca el pago de las pensiones (la mayor política de gasto del presupuesto estatal) y las prestaciones de desempleo, así como el mantenimiento de los servicios públicos básicos, las actuaciones de carácter económico y otras actuaciones de carácter general.
Llamamos transferencias a recursos que el Estado transfiere a otros organismos o administraciones públicas, así como a empresas o a familias para financiar inversiones puntuales (o sea, que no se repiten regularmente).
Al hacer el balance entre ingresos y gastos hay tres posibles resultados en el saldo presupuestario del sector público:
- Superávit público: es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales son mayores que los gastos públicos anuales.
- Equilibrio presupuestario: es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales coinciden más o menos con los gastos públicos anuales.
- Déficit público: es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales son inferiores a los gastos públicos anuales.
Ante un déficit público el Estado tiene básicamente tres opciones:
- crear dinero, pero eso crea inflación y en la zona euro solo puede hacerlo el Banco Central Europeo.
- subir los impuestos o reducir el gasto público, pero eso tiene un coste social.
- emitir deuda pública, lo que significa pedir dinero prestado.
Llamamos deuda pública al conjunto de deudas que un Estado tiene pendiente de devolver en un momento determinado. La deuda pública es consecuencia del déficit público, pero son dos cosas distintas. Lo que hace un Estado al emitir deuda pública es pedir dinero prestado. Como el dinero que necesita es mucho, no se lo pide a un solo prestamista, sino que divide su necesidad de financiación en muchas partes pequeñas.
La renta se distribuye de forma desigual entre las personas, los sectores socioeconómicos y los territorios. La desigualdad provoca un problema humano para quienes sufren pobreza, pero también un problema económico que afecta a la sociedad en su conjunto.
Las políticas redistributivas son políticas económicas y fiscales que buscan corregir la desigual distribución de la renta haciendo que los que más tienen aporten más a los ingresos públicos para compensar mediante el gasto público a los que menos tienen.
El Estado español tiene por objetivo no solo la redistribución personal, sino también la redistribución territorial de la renta, lo que se consigue aportando mayores fondos a las comunidades con menores rentas.

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